La Justicia española enfrenta una guerra abierta en el Ministerio Público, donde las fidelidades políticas eclipsan la imparcialidad. El caso Leire Díez, una "fontanera" del PSOE, ha destapado una red de sobornos y presiones. La fiscal Pilar Rodríguez intentó archivar la causa, pero la estrategia sanchista se ha torcido. Grinda y Stampa, fiscales intachables, han contraatacado con denuncias precisas. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado respuestas al Fiscal General, Álvaro García Ortiz. El juez Arturo Zamarriego ha reabierto el expediente por cohecho y tráfico de influencias. Díez comparecerá el 11 de noviembre, arrastrando las siluetas de Santos Cerdán y Félix Bolaños. La pugna entre fiscalías desnuda la grieta entre leales al poder y guardianes de la independencia judicial. Sánchez, señalado en la directriz de "revertir la situación", no eludirá indefinidamente a sus fontaneros. La Justicia exige transparencia.