Durante décadas, España ha experimentado un estancamiento salarial que ha llevado a una disminución de la riqueza de los españoles en comparación con el resto de europeos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha centrado sus políticas en subvencionar la subsistencia en lugar de fomentar un mercado laboral fuerte y un crecimiento sostenido de los salarios. El exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, ha criticado las políticas públicas de reducción de la desigualdad, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital, por su ineficiencia. El Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 764.905 hogares y 2.335.553 personas, con una cuantía media de 516 euros por hogar y un coste total de 426 millones de euros. A pesar de las declaraciones positivas de Escrivá y la ministra Elma Saiz sobre el Ingreso Mínimo Vital, la realidad es que el 34,7% de la población española menor de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sugiere que la política no está siendo efectiva para reducir la pobreza infantil.