El Tribunal Supremo español ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno a entregar el código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién accede al bono social eléctrico. La fundación Civio, que lleva luchando por la transparencia institucional desde 2012, inició una batalla judicial en 2018 para acceder al código. El Ministerio para la Transición Ecológica se negó alegando motivos de 'copyright' y seguridad nacional. Sin embargo, el Supremo ha establecido que el derecho de acceso a la información es constitucional y que la propiedad intelectual no puede usarse como excusa para ocultar un programa público. La sentencia subraya que la transparencia algorítmica es esencial para prevenir arbitrariedades y sesgos discriminatorios. El caso de BOSCO es un ejemplo paradigmático de la importancia de la transparencia en la era digital. La sentencia tiene un alcance mayor, ya que cualquier aplicación o algoritmo empleado por las administraciones públicas para conceder, denegar o gestionar derechos deberá ser transparente. La fundación Civio ha estado luchando por la transparencia durante 7 años, y el Supremo ha dado la razón a la fundación en 2025.