La política española se enfrenta a un frente institucional importante con la renovación parcial del Tribunal Constitucional en diciembre, cuando concluye el mandato de cuatro magistrados, incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido. El Partido Popular (PP) busca corregir lo que considera un sesgo político constante del órgano en favor del Gobierno sanchista. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, será clave en este proceso, ya que debe designar a dos de los cuatro magistrados salientes. Sin embargo, la ley exige una mayoría cualificada de tres quintos, lo que obliga a los populares a buscar apoyos entre otros grupos. El PP sopesa dos estrategias: pactar con el PSOE una renovación equilibrada o optar por el bloqueo para mantener la presión y forzar un acuerdo en condiciones más favorables más adelante. La figura de Conde-Pumpido es central en esta batalla, ya que se le acusa de actuar como 'brazo judicial' de Moncloa. El PP busca endurecer el perfil de elegibilidad de los magistrados para evitar designaciones de personas con vinculación política directa. La renovación del Constitucional no solo afectará a la composición del tribunal, sino también a su capacidad de influir en el calendario político y legislativo, especialmente con elecciones autonómicas y generales en el horizonte.