La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha generado un impacto político significativo. El Partido Popular (PP) confía en que la atención se desplace hacia el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El PP considera que este caso es un ejemplo de la corrupción institucional del Gobierno de Pedro Sánchez. La fecha clave es el 12 de noviembre, cuando el fiscal general declarará en el Supremo. El PP nacional tiene que cambiar el foco mediático, que actualmente se centra en la dimisión de Mazón. La salida de Mazón ha abierto un vacío de poder en la Generalitat, lo que obliga a los populares a negociar con Vox. El nombre que suena con más fuerza para asumir el cargo es el de Juanfran Pérez. El fiscal general podría enfrentarse a hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros.