El Partido Popular y Vox han ejecutado una transformación profunda en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, en apenas un año. La nueva ley de 2024 permitió que el Consejo de Administración fuera designado solo con los votos de la mayoría parlamentaria, lo que garantizó el control total del órgano rector. Se redujo el presupuesto, se congelaron procesos de selección de personal y se paralizó la operación normal de la cadena. El director general, Alfred Costa, presentó su dimisión y la cúpula de la cadena pasó a estar en manos de perfiles afines al nuevo ejecutivo. Se modificó el libro de estilo, se priorizó una programación con la fórmula toros, fiestas y fútbol, y se impusieron criterios lingüísticos y terminológicos más acordes con la narrativa institucional del PP. La audiencia no ha mejorado significativamente y la pérdida de confianza ciudadana crece. La televisión pública ha pasado de ser un símbolo de reconstrucción democrática a convertirse en un campo de batalla política. El caso de À Punt se ha convertido en un ejemplo de cómo las mayorías parlamentarias pueden desmantelar las garantías de independencia de un medio público. La Unió de Periodistes Valencians y diversas plataformas ciudadanas denunciaron que el nuevo marco legal eliminaba los contrapesos democráticos y abría la puerta a una televisión partidista y dócil. Compromís puso en marcha un Observatori d’À Punt para recoger denuncias de manipulación y pérdida de pluralidad. La secuencia de hechos muestra un patrón claro: cada movimiento se apoya en el anterior para construir un modelo de medio público subordinado al poder político. En un año, el PP ha conseguido transformar una televisión concebida como independiente en una herramienta más del Ejecutivo. La manifestación que exigía la dimisión de Carlos Mazón, con 50.000 personas, fue ignorada por la televisión pública, que emitía un programa de novilladas en su lugar.