En Asturias, el Principado ha decidido permitir a los cazadores que disparen a lobos en ciertas reservas de la comunidad, con el objetivo de reducir la población de lobos y minimizar los daños al ganado. La decisión se basa en un plan de gestión del lobo que establece un cupo de 53 lobos que pueden ser abatidos. La población mínima de lobos en Asturias es de 345 ejemplares, y se han registrado 3.257 daños a cabezas de ganado en el año pasado, con un coste de indemnizaciones de más de 1,5 millones de euros. La medida ha generado debate y oposición por parte de los animalistas, que cuestionan la legalidad de la caza de lobos. El estatus legal del lobo ha cambiado en los últimos meses, después de que el Congreso aprobara una enmienda que devolvió la especie a su situación anterior a 2021, lo que ha permitido a las comunidades autónomas decidir sobre su caza. Cantabria también ha implementado un plan similar, y ha abatido 25 lobos de un total de 41 autorizados. La medida ha generado incertidumbre y se analizará con rigor si se ajusta a la normativa.