El Gobierno español está ultimando una reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La reforma se realizará mediante un procedimiento ordinario, sin necesidad de disolver las Cortes ni convocar un referéndum. El objetivo es modificar el artículo 43 de la Constitución, que se refiere a la protección de la salud, para incluir el derecho al aborto. El Gobierno ha optado por esta vía para evitar la oposición del Partido Popular y Vox. La reforma requiere una mayoría de tres quintos de ambas cámaras, y si no hay acuerdo, dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado. El Tribunal Constitucional ya avaló el derecho al aborto en 2021. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niega a crear un registro de objetores de conciencia, lo que ha generado un conflicto con el Gobierno. El porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública es del 21,26% a nivel estatal, pero solo del 1% en algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Extremadura.