El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a un juicio en la Audiencia Nacional que podría llevarle a la cárcel. Los testigos clave han sido un fiasco y han dañado su credibilidad. El Gobierno y los medios afines repiten que no hay pruebas, pero la realidad judicial es que las pruebas indirectas y los indicios pueden ser suficientes para condenar. El caso Gürtel y el 3 de octubre en Cataluña son ejemplos de cómo la acumulación de indicios puede llevar a condenas. El miércoles, el fiscal general declarará y los fiscales rivales podrían utilizar la acumulación de indicios en su contra. El juicio desnuda la fragilidad de un sistema donde el Gobierno confunde impunidad con inocencia. El sanchismo tiembla de verdad porque en la justicia, las sombras acumuladas acaban proyectando luz sobre el culpable. El fiscal general se juega la cárcel, pero más allá de su suerte personal, el juicio muestra la debilidad del sistema judicial.