La cita previa obligatoria para realizar trámites en la Administración Pública sigue vigente a pesar de haber dejado atrás el estado de alarma y el confinamiento. Esto ha generado un colapso en el sistema, perjudicando a los ciudadanos que más lo necesitan. La media de espera para ser atendido es de 36 días, y en más del 80% de los trámites analizados, no fue posible obtener una cita. Los gestores administrativos denuncian el colapso del sistema y reclaman que se devuelva a la cita su carácter original, como una opción de orden, no como una barrera excluyente. El Consejo General de Gestores Administrativos ha presentado un informe y un manifiesto para demostrar el colapso del sistema actual y exigir una atención pública digna, cercana y accesible. La obligatoriedad de la cita previa ha generado un mercado negro de citas y ha perjudicado a los ciudadanos que no tienen acceso a tecnología o no saben cómo manejar la web. El abogado Antonio Benítez Ostos considera que el mantenimiento de la cita previa obligatoria puede suponer una infracción de normas constitucionales y legales.