El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido un dictamen que advierte sobre la posible inconstitucionalidad de cinco aspectos clave de la Ley 1/2025 de Publicidad Institucional. La norma, aprobada por las Cortes autonómicas, excluye a medios condenados en sentencia firme de contratar publicidad institucional y limita al 33% los ingresos que un medio puede obtener por este concepto. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, respaldó las advertencias del dictamen, que confirman las dudas planteadas por la Junta desde la entrada en vigor de la norma. La exclusión de medios condenados carece de respaldo en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad, mientras que el límite del 33% de ingresos vulnera la libre concurrencia y el principio de igualdad. La ley introduce regulaciones laborales que contradicen el Estatuto de los Trabajadores, generando inseguridad jurídica para empresas y empleados. A pesar de las irregularidades señaladas, el Consejo Consultivo indica que la ley es de obligado cumplimiento para la Junta hasta que sea impugnada judicialmente por las empresas afectadas. La Consejería de la Presidencia insiste en la importancia de proteger la seguridad jurídica y los principios de igualdad en la contratación pública.