El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos han declarado como investigados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio. La empresa vendió acero a la compañía Israel Military Industries (IMI) en 42 ocasiones por un valor de casi seis millones de euros. Treinta y tres de esos envíos se realizaron después de iniciado el genocidio en Gaza. La empresa envió un total de 4.587 toneladas de acero, recibiendo 5,8 millones de euros a cambio. Sidenor suspendió las relaciones comerciales con Israel en julio de este año, antes de que el Gobierno español decretase el embargo a ese país en setiembre. La defensa ha avanzado que aportará un informe pericial sobre la trazabilidad de los pedidos realizados por el cliente israelí. El abogado de los querellantes, David Aranda, ha señalado que el acero iba destinado a una empresa que fabrica tecnología militar, como plataformas de lanzamiento de misiles y munición.