Begoña Gómez, la mujer del presidente, tiene una cita en los Juzgados de Plaza Castilla el 11 de septiembre para declarar sobre un delito de malversación de fondos públicos. El juez Peinado investiga si Gómez usó su condición para beneficiar a empresas en procesos de contratación pública a cambio de favores o beneficios. También se investiga el uso de los servicios de Cristina Álvarez, una asistente de Moncloa, para realizar actividades privadas de Gómez, con un coste de más de 300.000 euros de fondos públicos en 6 años. El juez cuenta con correos electrónicos que presuntamente evidencian que Álvarez desarrolló competencias laborales impropias. La defensa de Gómez aportó estos correos, lo que puede ser utilizado en su contra. La condena por malversación de fondos públicos puede ser probable, y Begoña Gómez puede ser considerada inductora o cooperadora necesaria. El artículo compara la situación con la de Al Capone, quien fue condenado por delitos menores después de una investigación larga.