Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, será juzgada por cinco presuntos delitos, incluyendo malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La investigación ha revelado que su asistente, Cristina Álvarez, utilizaba su cargo en la Moncloa para gestionar los negocios privados de Begoña Gómez, incluyendo la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. La documentación gráfica y los correos electrónicos aportados a la causa demuestran que Cristina Álvarez realizaba gestiones personales y privadas para Begoña Gómez, como preparar reuniones y conferencias, captar fondos y patrocinios, y gestionar patentes y contratos. El Tribunal Supremo ha establecido que el delito de malversación de caudales públicos incluye el uso de empleados públicos para tareas privadas, lo que podría aplicarse a este caso. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería asumir las consecuencias políticas de los hechos y presentar su dimisión.