La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha alertado sobre la falta de 45 jueces en la región a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la tercera fase de la Ley de Eficiencia Organizativa. Astray ha destacado que la ley no cumplirá sus objetivos si no llega acompañada de presupuesto, ya que la Justicia en Castilla-La Mancha seguirá perjudicada sin plantilla suficiente. La presidenta ha recordado que el déficit de jueces y medios ya es un problema estructural en la comunidad. Además, ha señalado carencias graves en infraestructuras judiciales, como la planta bajo cubierta de los juzgados de Toledo y la falta de un edificio adecuado para el Instituto de Medicina Legal de Albacete. Astray ha reconocido avances en digitalización, pero advierte de que queda mucho camino por recorrer. La presidenta ha pedido una reconsideración de las reclamaciones elevadas al Consejo General del Poder Judicial, de las cuales solo 10 han sido consideradas prioritarias y 5 'imprescindibles, pero no prioritarias'.