La Fiscalía Anticorrupción defiende la legalidad de la investigación a Cristóbal Montoro y su consultora, Despacho Económico, después de que se levantara el secreto del sumario y trascendieran las imputaciones. La investigación se inició cuando los Mossos d'Esquadra encontraron correos electrónicos que apuntaban a un delito de corrupción en una planta gasística de Tarragona en octubre de 2017. Los correos, fechados en diciembre de 2013, mencionaban una posible discriminación contra el sector gasístico y la posibilidad de pagar a Despacho Económico para influir en el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La fiscal, Carmen García Cerdá, argumenta que el contenido presuntamente delictivo de los correos se trasladó al juez en cuanto se accedió a su contenido, no en el momento exacto de la incautación. El juez atribuye a Montoro y a los investigados delitos como cohecho, fraude contra la Administración Pública y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción rechaza la nulidad de la causa solicitada por la consultora, argumentando que la incautación de los correos se produjo de acuerdo a la legalidad.