
La incertidumbre sobre la reducción de jornada está paralizando la negociación de convenios, tras 1 año y medio de anuncio y retrasos. El proyecto de ley, impulsado por Yolanda Díaz y apoyado por el PSOE, busca reducir la jornada laboral, pero enfrenta rechazo de empresas y falta de apoyos parlamentarios. La entrada en vigor podría retrasarse hasta 2026, afectando a convenios sectoriales y provinciales de empresas medianas, con impacto en salarios y empleo. Expertos advierten de consecuencias, como subidas salariales diferidas y afectación a industrias específicas.