El Congreso rechazó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que supuso un revés para la medida. La reforma del sistema de registro horario y los cambios normativos para endurecer las sanciones y luchar contra la explotación laboral también cayeron. El Ministerio de Trabajo ahora se enfoca en la reforma del registro horario mediante Decreto Ley, pero la propuesta se ha diluido. La diferencia entre la propuesta inicial y la actual es evidente. La propuesta a consulta pública plantea reforzar los principios de registro horario, pero no incluye un sistema digital obligatorio. Los datos de la EPA del segundo trimestre de 2025 estiman que en España se hacen más de 7 millones de horas extraordinarias semanales, de las cuales 2.821.300 horas no se remuneran ni se compensan. El decreto que tramita el Gobierno deja en pie las grietas estructurales que permiten la evasión de la norma. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y titular del Ministerio de Trabajo, ha defendido que el actual registro de jornada es 'absolutamente vulnerador de la normativa comunitaria'. La sanción para las empresas infractoras es de un máximo de 7.500 euros por empresa, mientras que en la propuesta inicial se incrementaba hasta los 10.000 euros por cada trabajador afectado por una infracción.