El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha lanzado a consulta pública un real decreto para reformar el control horario, tras el revés parlamentario que tumbó la reducción de jornada laboral. La nueva norma reduce las multas a empresas que no pagan horas extras, de 10.000 euros por trabajador a 7.500 euros. También se ha eliminado la obligación de que el registro sea digital e interoperable, lo que ha generado críticas de los sindicatos. La patronal, representada por CEOE y Cepyme, se opone a la medida por considerar que conlleva importantes costes para las empresas. La norma deberá pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y el Consejo de Ministros antes de entrar en vigor, lo que puede demorarse varios meses. Los sindicatos, como CCOO y UGT, han mostrado su decepción y han exigido al Gobierno que incorpore la literalidad del acuerdo original.