
La Ley de Vivienda ha tenido un balance negativo tras dos años de vigencia, con una reducción del 17% en la oferta de inmuebles disponibles para alquilar y un aumento del 16% en los precios de compra y del 24% en los precios de arrendamiento. El Banco de España ha alertado de que el precio medio de la vivienda en España está por encima de su nivel de equilibrio a largo plazo. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara nuevas medidas más intervencionistas, lo que podría agravar la situación. Expertos achacan la situación a la desprotección jurídica de los propietarios y la inseguridad jurídica que retrae la inversión profesional y el desarrollo de nuevas construcciones.