
JGC Holdings Corporation, una empresa japonesa, invirtió en dos plantas termosolares en España en 2012. Sin embargo, el gobierno español implementó reformas que redujeron los incentivos para las energías renovables, lo que llevó a JGC a presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2015. La sentencia final impuso una compensación de 23,5 millones de euros a España, más intereses de demora y gastos. La estrategia legal de JGC incluyó invocar el artículo 54 del Convenio del CIADI para ejecutar el laudo en Estados Unidos. En noviembre de 2024, España fue reconocida como 'país deudor' por la justicia estadounidense, lo que aceleró las conversaciones entre el gobierno y los acreedores.