
España es el único país de la Unión Europea que impone una carga fiscal adicional a sus centrales nucleares, lo que compromete su competitividad y sostenibilidad económica. Las cinco centrales operativas en España, con siete reactores en total, afrontan una carga fiscal específica de hasta 28,6 euros por megavatio hora, incluyendo impuestos estatales como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) y ecotasas autonómicas. Esto contrasta con países como Francia, Suecia o Finlandia, donde no existen tributos adicionales más allá de los necesarios para la gestión de residuos y el desmantelamiento. El documento de EY subraya que los operadores españoles no intervienen en el órgano de gestión del fondo de casi 8.000 millones de euros acumulado para cubrir los costes de la gestión de residuos, combustible gastado y el desmantelamiento. Los operadores consideran urgente revisar la carga fiscal de las centrales para facilitar su rentabilidad, lo que facilitará la extensión de su vida útil.