El debate sobre el cambio climático en España se ha vuelto político, con la izquierda justificando desastres naturales como consecuencia del calentamiento global. La narrativa dominante presenta cada fenómeno meteorológico como argumento para reforzar políticas climáticas y restricciones. El lobby climático, integrado por ONGs, empresas y asociaciones, presiona a gobiernos para influir en decisiones clave. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 fijó que en 2040 solo se vendan vehículos de cero emisiones y prohibió nuevas exploraciones de hidrocarburos en territorio español. La COP27 de Egipto detectó más de 600 grupos ligados a combustibles fósiles, y la COP29 de Bakú en 2024 contó con la presencia de Inditex bajo acreditaciones verdes globales. ONGs como Greenpeace y Extinction Rebellion denuncian prácticas contaminantes y falta de acción de gobiernos. El activismo de movimientos como Fridays for Future, liderado por Greta Thunberg, ha movilizado a millones en marchas globales, aumentando la presión sobre instituciones.