De los 149 municipios que deben aplicar la ordenanza, solo 55 han hecho los deberes, lo que supone un 37%. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 y el Real Decreto 1052/2022 establecieron la obligatoriedad de estas zonas restringidas al tráfico más contaminante. Sin embargo, la lenta y desigual aplicación práctica de estas áreas de bajas emisiones está ralentizando la movilidad eléctrica. La compañía española Velca critica la falta de incentivos eficaces y la lentitud de la Administración en la implantación de las ZBE. El consejero delegado de Velca, Emilio Froján, reclama un plan de incentivos directos e inmediatos para aligerar los tiempos de espera de dos años que de media tardan los españoles en recibir el Plan Moves III. Además, Velca sugiere aumentar la instalación de enchufes domésticos de 220V en espacios comunes para cargar motos y ciclomotores eléctricos. Actualmente, solo uno de cada tres municipios españoles que están obligados a establecer zonas de bajas emisiones han aplicado la normativa en sus calles.