
La Comunidad de Madrid denuncia que 2.500 viviendas sociales de las 25.000 que gestiona la Agencia de Vivienda Social de Madrid están okupadas, lo que supone un 10% del total. Esto impide que familias que realmente necesitan un hogar y cumplen con la ley puedan acceder a una vivienda. Hay 4.000 solicitantes de vivienda en la región, y si se acabaran con las okupaciones ilegales, se satisfarían más del 40% de esas necesidades. La Abogacía de la Comunidad de Madrid critica la legislación actual, que hace pivotar cualquier posibilidad de desahucio en torno a la vulnerabilidad de los okupas, lo que puede alargar el proceso durante años.