
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido desautorizado por el presidente Pedro Sánchez debido a la presión de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien exigió la rescisión de un contrato de 6 millones de euros para la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí. Esto ha dejado a Marlaska en una posición humillante y ha demostrado que su peso en el Ejecutivo es nulo frente a las exigencias de Díaz. El contrato fue formalizado en Semana Santa y desató la ira de Sumar, la formación liderada por Díaz.