
La nueva ley antiokupas aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un alcance limitado, solo se aplica a allanamientos y usurpaciones, y no afecta a los inquiokupas. Los okupas pueden esquivar la ley alegando vulnerabilidad, presentando falsos contratos o aprovechando los atascos judiciales. La ley promete juicios en 15 días, pero esto solo es posible si el okupa es sorprendido en el acto. La saturación de juzgados y la necesidad de conciliación o mediación previa pueden retrasar los desahucios. Expertos como Carmen Giménez, abogada de G&G, consideran que la ley no será efectiva para resolver el problema de la okupación.