
En abril de 2021, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunció haber recibido una carta amenazante con dos cartuchos sin percutir en el Ministerio. La investigación terminó en archivo sin identificar a los responsables. Ahora, el Gobierno ha roto un contrato de 6,6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para adquirir 15 millones de balas, lo que puede suponer un problema para la defensa española. El PP ha anunciado que llevará el caso ante el Tribunal de Cuentas.