
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España están decayendo, con solo una de cada tres ciudades implementándolas efectivamente. La oposición de los ayuntamientos y las sentencias judiciales que las declaran ilegales están detrás de esta tendencia. Ciudades como Gijón y Sevilla han encontrado formas de minimizar su impacto, mientras que otras como Badalona se han negado a implementarlas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una sentencia que pide la eliminación de las ZBE en Segovia, lo que puede sentar un precedente para otras ciudades. La justicia considera que las ZBE son clasistas y benefician a las rentas más altas, perjudicando a las bajas.