
El gobierno de Pedro Sánchez, impulsado por el PSOE y Sumar, ha presentado una proposición no de ley que busca imponer restricciones a empresas que hayan recibido subvenciones públicas de más de 3 millones de euros durante 5 años, obligándolas a cumplir un período específico operando en España, de 5 años para grandes empresas, 3 para medianas y 2 para pequeñas, y notificar cualquier inicio de operaciones en el extranjero en un plazo de 9 meses, con el objetivo de proteger la inversión pública y evitar la deslocalización empresarial, especialmente en sectores estratégicos, con el respaldo de los partidos del Gobierno y los grandes sindicatos, pero con un intenso debate parlamentario previsto para buscar consenso con la oposición y organizaciones empresariales