
El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa penal contra Juan Carlos de Borbón por la gestión de su fortuna, después de que la Fiscalía investigara durante varios años los movimientos millonarios del monarca en el extranjero y a espaldas de Hacienda. La Fiscalía concluyó que el rey emérito estaba protegido por un triple escudo: la inviolabilidad, la prescripción de buena parte de los hechos y la validez de los pagos que hizo a Hacienda. El Supremo respaldó los argumentos de la Fiscalía y rechazó la querella presentada por varios juristas, considerando que no había nuevos elementos para abrir un proceso penal. El rey emérito había recibido más de 60 millones de euros de Arabia Saudí y había realizado viajes pagados por empresarios, pero había saldado sus deudas con Hacienda.