
El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública para que el Gobierno explique por qué no ha atendido a mil menores no acompañados que han solicitado asilo en Canarias, pese a que el Supremo ordenó en marzo que se hiciera cargo de ellos en un plazo de 10 días. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tomó esta decisión tras examinar las competencias de ambas administraciones y considerar que la situación de hacinamiento en la que se encuentran los menores es incompatible con el superior interés del menor. El Gobierno canario había solicitado una medida cautelar tras exponer que, según datos de ACNUR, entre enero de 2023 y noviembre de 2024, 546 menores no acompañados habían presentado solicitud de protección internacional, y otros 350 estaban a la espera de ser atendidos. En total, se trata de 1.221 personas.