El Gobierno endurecerá la normativa para abrir nuevas universidades privadas, exigiendo un mínimo de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años, tres programas de doctorado, un aval bancario y un 5% del presupuesto destinado a investigación. También se exigirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores y una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las ofrecidas. La normativa se modificará en mayo y se aplicará a las 46 universidades privadas existentes y a las 10 que están en tramitación.