
La decisión política de introducir un exceso de renovables inestables en el mix energético español llevó al apagón, lo que podría tener consecuencias penales y patrimoniales para Corredor y la cúpula de REE. La Ley de Sociedades de Capital establece la responsabilidad patrimonial y el Código Penal, la delictiva de los miembros del consejo de administración. El artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responden por daños causados por actos u omisiones contrarios a la ley, estatutos o por incumplimiento de sus deberes. El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad es de cuatro años. El Código Penal también establece la responsabilidad penal de los administradores por delitos como la falsedad documental societaria, imposición de acuerdos lesivos, obstrucción de funciones del socio, etc.