
La Junta de Castilla y León ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno central de reubicar menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, considerando que vulnera competencias exclusivas de la Comunidad, especialmente en lo relativo a la protección y tutela de menores, argumentando que la medida contraviene hasta diez artículos de la Constitución Española por siete motivos distintos, y busca la anulación del decreto a través del Tribunal Constitucional