
La Junta de Andalucía ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la norma estatal que regula el registro único de arrendamientos, considerando que invade sus competencias. El registro único entró en vigor el 2 de enero, pero su aplicación efectiva será a partir del 1 de julio. La Junta reclama la exclusividad autonómica sobre los datos de la ventanilla única digital y exige que los territorios sean los únicos competentes para ordenar la eliminación o inhabilitación de anuncios de establecimientos no autorizados. El Gobierno central ha ordenado a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. La Junta aspira a mantener el control sobre los pisos turísticos, que han aumentado de 116.000 a 147.500 en toda Andalucía en un año.