El debate sobre la energía nuclear en España se centra en la propiedad y el control del mercado eléctrico. La prórroga de la vida útil de las centrales nucleares existentes podría frenar las inversiones en renovables y almacenamiento. Cada reactor nuclear representa alrededor del 3% de la generación eléctrica peninsular. La extensión de la vida útil de Almaraz I y II se propone por tres y dos años, respectivamente. En 2030, se desconectarán 4 GW nucleares, lo que podría generar inseguridad en el suministro. El Gobierno podría poner una soga de poder al cuello de la política energética española, permitiendo que las compañías impongan condiciones para prolongar la vida de los reactores. La seguridad de suministro se utilizará como argumento para justificar la prórroga. El juez Peinado exige 50.000 euros por publicar una entrevista y amenaza con querellarse contra elDiario.es. La política energética podría decidirse en un taxi, como en el pasado. La prórroga de la vida útil de las centrales nucleares podría hipotecar el desarrollo de las energías renovables y del almacenamiento.