El Estatuto de los Trabajadores protege a los empleados que cobran menos que sus compañeros por realizar el mismo trabajo. El artículo 28 del Estatuto establece que las condiciones laborales deben ser equivalentes si el trabajo tiene igual valor. Las empresas deben implementar sistemas de retribución transparentes y objetivos, y las diferencias salariales solo pueden justificarse por criterios como productividad, experiencia, formación o nivel de responsabilidad. Según datos del Ministerio de Trabajo en 2025, las denuncias por discriminación salarial han aumentado un 15% en el último año. Las empresas españolas están obligadas a mantener registros salariales detallados y accesibles, y los empleados pueden denunciar desigualdades salariales a través de un proceso que comienza con una reclamación interna por escrito. La reforma laboral de 2021 establece mecanismos de protección para los empleados, incluyendo la obligación de las empresas de mantener registros salariales y la posibilidad de denunciar desigualdades salariales ante la inspección de Trabajo o a través de una demanda judicial.