
Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, como Naturgy, consideran pedir una prórroga hasta 2030, tres años más de lo inicialmente planeado. Esto se debe a que ya tienen una Revisión Periódica de Seguridad para diez años, aunque solo se les concedió una extensión de siete. Las empresas argumentan que la carga fiscal es un obstáculo para la continuidad del parque nuclear español, con un impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y ecotasas autonómicas. Un informe de Ernst and Young destaca que España es el único país con figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, con un coste de 9,2 euros MW/hora. La prórroga serviría para amortiguar la tasa Enresa, que se calcula en función de los años en que las centrales continúen operando.