
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, ha tenido un impacto negativo en el mercado del alquiler en España, según la Agencia Negociadora del Alquiler. El CEO, José Ramón Zurdo, afirma que la ley ha destruido una parte importante de la oferta de viviendas en alquiler, elevando los precios y dificultando el acceso a una vivienda digna. La inseguridad jurídica para los propietarios se ha incrementado, y los procedimientos de desahucio pueden durar hasta dos años. La Agencia ofrece sistemas de alarma gratuitos a los propietarios para prevenir ocupaciones. La carga fiscal sobre los arrendadores ha aumentado un 10% debido a la reducción de deducciones fiscales del 60% al 50%. La ley ha dado lugar a la figura del 'propietario vulnerable', que son personas mayores, pensionistas o residentes en centros geriátricos que dependen de las rentas del alquiler para complementar sus ingresos.