
Las comunidades de vecinos en España pueden negarse a acoger viviendas de uso turístico y, si lo aceptan, pueden incrementar la cuota de la comunidad hasta un 20% para los propietarios que destinen sus inmuebles a este fin. Esta medida, introducida en la Ley de Propiedad Horizontal, busca compensar el mayor uso de los servicios e instalaciones comunes. En Madrid, hay más de 15.200 pisos turísticos ilegales. La modificación legal faculta a los presidentes de las comunidades a solicitar el cese inmediato de actividades no aprobadas. El cambio legal supondrá un ahorro para las comunidades entre 3.000 y 5.000 euros de media.