Un coloso metálico de 14 metros de diámetro y cuatro plantas de altura, diseñado para excavar los túneles de la SE-40 bajo el río Guadalquivir, nunca cumplió su misión. Costó 37 millones de euros y fue vendido como chatarra por 1,8 millones. El proyecto, adjudicado en 2009 por 500 millones de euros, se detuvo en 2012 debido a filtraciones de agua, problemas geológicos y sobrecostes. La crisis económica asfixiaba las arcas públicas y el proyecto languideció durante años. En 2020, el ministro José Luis Ábalos lo dio por muerto y se decidió sustituir los túneles por un puente de 3,6 kilómetros y ocho carriles sobre el Guadalquivir. La tuneladora, guardada bajo una carpa climatizada que costaba 1,4 millones de euros al año, fue un monumento a la inacción. El nuevo puente sobre el Guadalquivir sigue sin ver sus primeras grúas y no estará terminado antes de 2030. El proyecto es un símbolo de la España del hormigón y un recordatorio de lo que ocurre cuando la política entierra la planificación técnica bajo toneladas de burocracia, promesas rotas y acero oxidado.