CAF, un fabricante ferroviario vasco, se encuentra en una situación comprometida tras ser incluido en la lista de Naciones Unidas que señala a empresas con operaciones en territorios palestinos ocupados por Israel. Esto podría cerrarle las puertas de importantes contratos públicos, como el millonario concurso del metro de Barcelona, valorado en 321 millones de euros. La empresa defiende la legalidad de su contrato y niega cualquier vulneración de derechos humanos. La inclusión en esta lista no implica sanciones directas, pero sí tiene consecuencias prácticas, como la exclusión en políticas de contratación responsable. Otras empresas españolas, como ACS y Ineco, también figuran en la lista. La contratación pública representó el 11,55% del PIB español en 2023, lo que convierte estos vetos en un asunto económico relevante. El lehendakari Imanol Pradales ha pedido que se tenga 'cuidado con los señalamientos' y ha instado a la empresa a hacer 'una reflexión ética'. La multinacional francesa Alstom, que cuenta con una fábrica en Santa Perpètua de Mogoda, recurrió en agosto ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público contra esta cláusula restrictiva, pero la reciente actualización de la lista de la ONU ha retirado a Alstom del registro, lo que le permite ahora presentarse al concurso.