La AIReF ha calculado que las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado han generado un coste medio de mil millones de euros anuales entre 2014 y 2023. El organismo ha identificado varios errores recurrentes que han contribuido a estos riesgos, como el 'uso inadecuado' de instrumentos legales y la 'extralimitación normativa'. La AIReF también ha advertido que existen litigios pendientes que podrían tener un impacto negativo en las finanzas públicas en los próximos años, como la devolución del IRPF a mutualistas jubilados, con un coste estimado de 1.700 millones de euros, o el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que podría costar 6.500 millones de euros.