España se encuentra en un momento decisivo en su política energética, con el Gobierno defendiendo un cierre ordenado de las centrales nucleares y confiando en un sistema digital experimental para estabilizar la red. La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, está fijada para cerrar en 2027 y 2028, pero las eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy han solicitado prorrogar su actividad hasta 2030. El Consejo de Seguridad Nuclear exige que se presente la documentación para iniciar el proceso de desmantelamiento antes del 1 de noviembre. La Junta de Extremadura ha anunciado que rebajará a la mitad la 'ecotasa' regional si la planta sigue operativa. El fondo de Enresa para desmantelar las plantas arrastra un déficit de 11.600 millones de euros. La península sigue siendo una 'isla energética' con solo un 3% de interconexión con Francia. El Ejecutivo insiste en que España podrá sostener su red con tecnología renovable y control digital, pero los técnicos y las eléctricas piden prudencia.