
En Ibiza, un hombre accedió a una villa de lujo y amenazó a un trabajador que ejercía funciones de seguridad sin título habilitante. La Policía Nacional investigó y encontró que la empresa y el contratante podrían recibir multas de hasta 600.000 euros por intrusismo. El jefe de la unidad territorial de seguridad privada, Alfredo Rodríguez, destacó que la seguridad privada es el mejor aliado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que el intrusismo es un problema grave. En las islas, hay más de 5.000 vigilantes que protegen joyerías, bancos y otros establecimientos, y la demanda de vigilancia ha aumentado en los últimos años. La crisis de vivienda también afecta a los agentes de seguridad, que deben ser traídos de la Península y alojados por las empresas. La Policía Nacional no puede controlar todos los establecimientos que requieren vigilancia, por lo que se utiliza la seguridad privada como apoyo. La Ley de Seguridad Privada permite que las urbanizaciones contraten a empresas de seguridad para controlar el acceso, pero no se puede impedir el paso a los ciudadanos en vías públicas. El Ayuntamiento de Eivissa ha confirmado que una carretera que llega a una playa es pública y no se puede impedir el paso.