En España, alrededor del 0,47% del alumnado, casi 40.000 niños y niñas, presenta necesidades educativas especiales. El 84,2% de estos estudiantes están escolarizados en centros ordinarios, en su mayoría públicos o concertados. La legislación educativa española apuesta por un sistema inclusivo, pero la realidad muestra una distancia entre el discurso y la práctica. La inclusión es un compromiso internacional y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se propone mejorar la inversión educativa, aumentar el número de docentes y fomentar metodologías accesibles y tecnologías que ayuden al aprendizaje personalizado. La inclusión real necesita medidas concretas y sostenidas, como formación docente continua y específica, revisión periódica de políticas y prácticas, y cambiar la manera de evaluar. España se sitúa en línea con países como Francia, aunque por debajo de naciones como Italia o Suecia, donde la inclusión supera el 90%. En la República Checa apenas se alcanza el 8,6%, y en Estados Unidos un 15% del alumnado recibe atención especializada en escuelas públicas.