Entre 2010 y 2022, el porcentaje de madres con hijos menores de 12 años empleadas pasó del 60% al 70%. La falta de servicios de cuidado infantil sigue siendo una barrera para que muchas mujeres puedan trabajar. En 2006, se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), que incluyó criterios de calidad para los centros de educación infantil de primer ciclo. La ley estableció requisitos como un espacio mínimo por niño y ratios máximas de alumnos por educador. La implementación de la ley fue escalonada en las distintas comunidades autónomas. Los resultados muestran que la calidad de las escuelas mejoró significativamente, con un aumento del 77% en el índice de calidad. Sin embargo, el número de escuelas por cada 1.000 niños cayó en torno a un 52%. La probabilidad de que una madre continuara trabajando tras el parto disminuyó un 15%, y la intensidad del empleo cayó un 18%. Los efectos negativos fueron más marcados entre las madres sin estudios universitarios. La ley tuvo un efecto colateral importante, ya que muchas escuelas privadas no pudieron adaptarse y acabaron cerrando.