
La vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, respondieron a una carta de las presidentas de la Comunidad de Madrid y Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, indicando que el coste de prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España corre a cargo de las compañías eléctricas que las explotan, como Iberdrola, Endesa y Naturgy. La legislación europea establece que los costes de la gestión de la central y de sus residuos radiactivos, así como de la prolongación de su vida útil, deben ser asumidos por los explotadores. El Gobierno ha dejado claro que cualquier prórroga de la vida útil de las centrales nucleares debe ser económicamente viable y no suponer un coste para el contribuyente. La tasa Enresa, que financia los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos, se incrementó un 30% el año pasado. Las centrales nucleares de Almaraz no han reclamado aún la prolongación de su vida útil, condicionada a una bajada de la fiscalidad y de la tasa Enresa.