La alcaldesa de València, María José Catalá, propone obligar a bancos y fondos de inversión a instalar alarmas en pisos vacíos para evitar ocupaciones ilegales. La medida indigna al Gobierno central, que acusa al PP de azuzar el miedo y servir a intereses empresariales. La oficina antiokupación quedará integrada en la Policía Local y asumirá denuncias de ocupación irregular y asesoramiento a propietarios. El objetivo es ayudar a familias vulnerables y a propietarios que sufren ocupaciones ilegales. La oposición critica la medida como una cortina de humo y señala que el principal problema es el acceso a la vivienda, con un 0,057% de la población afectada por ocupaciones.